Salamanca, Gto. 14 de agosto del 2017.- La Lic. Beatriz Hernández Cruz, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato presentó, en la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato (UG), el propósito y alcances del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al dialogar con profesores y alumnos de la sede Salamanca, la legisladora expuso los principales aspectos del sistema que entró en vigor en julio, como son:  el fuero; el enriquecimiento ilícito; declaración patrimonial, intereses y de información fiscal, también llamada 3 de 3; la corresponsabilidad de los contralores y el delito de intimidación.

Hace 20 años el mayor problema en México era la pobreza, ahora es la inseguridad y la corrupción. Para responder a la nueva realidad, a nivel federal se realizó una reforma constitucional para crear un sistema anticorrupción y posteriormente en los estados se legisló para contar con sus respectivos sistemas.

En Guanajuato, el Sistema Estatal Anticorrupción depende de na secretaría 7ejecutiva encargada de la administración, a su vez tiene un comité de fiscalización, un órgano de fiscalización y control, así como un comité de participación ciudadana. Su presidente aún no es seleccionado.

La diputada por el distrito XIV, hizo un llamado a los universitarios a preservar el valor de la honradez, destacando que el estado de Guanajuato se eliminó el fuero, por lo tanto, cualquier funcionario que cometa un delito será juzgado exactamente igual que cualquier ciudadano.

Respecto al delito del enriquecimiento ilícito, ya existe la extinción de dominio para quitarle los bienes al servidor público que se haya enriquecido de forma inexplicable, pero la ley también abarca a los familiares en ascendencia o descendencia directa, así como al concubino o concubina. Se considera también el delito de intimidación, para que ningún funcionario pueda intimidar a un ciudadano por pretender denunciar un acto de corrupción.

Otro aspecto a destacar es que los contralores serán propuestos en una terna que no votarán los Ayuntamientos sino el Congreso del Estado, y los contralores tendrán la misma responsabilidad que los funcionarios en cuidar el desvío de recursos. Además la declaración patrimonial, intereses y de información fiscal de los funcionarios debe ser pública, que también es conocida como ley 3 de 3.

Por su parte, el director de la División de Ingenierías, Dr. Víctor Ayala Ramírez, consideró que parte de la formación integral de la juventud, es la promoción de actitudes cívicas para construir una mejor sociedad.