conferencia senado ug ugtoGuanajuato, Gto., a 12 de marzo de 2019.- En el marco del V Coloquio de Género "Violencias en las Instituciones de Educación Superior" que organiza la Universidad de Guanajuato (UG) en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Dra. Cynthia Galicia Mendoza, Ombuds Person del Senado de la República, ofreció la primera Conferencia Magistral titulada: "Análisis de la Situación de la Violencia Feminicida en Guanajuato".

En su disertación, la Dra. Galicia Mendoza destacó la gravedad de que el Estado de Guanajuato no cuente con una política pública de prevención de riesgo feminicida, y que finalmente las cifras nacionales, ubiquen a esta entidad federativa como el Estado más feminicida de la República Mexicana.

Deslizó la posibilidad de que haya funcionarios públicos que tomen la decisión de obstaculizar una investigación o que hagan algo para evitar que se dictamine en algunos casos, la violencia de género.

En ese tenor recordó el caso Mariana Lima Buendía, muy sonado a nivel nacional porque derivó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que todos los funcionarios públicos judiciales, deben hacer investigación con la perspectiva de género.

En ese caso, dijo, el asesino era un policía judicial, lo que llevó a la referencia de una investigación en el Estado de Guanajuato, "que no salió a luz pública", dijo, que determinó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres en esta entidad, fueron cometidos por personas relacionadas con las fuerzas policiales.

Este hecho, destacó la investigadora, es sumamente grave porque habla de una red de complicidades entre los perpetradores de la violencia y los funcionarios públicos, que tendrían que garantizar el acceso a la justicia a las mujeres.

En ese tenor, observó que el Código Penal del Estado de Guanajuato no tiene establecida una sanción para funcionarios públicos que obstaculicen una investigación relativa a feminicidio, mientras que las penas establecidas para ese delito están en la media nacional, es decir, entre 30 y 60 años de cárcel para un feminicida.

Reveló también que, en la búsqueda de datos sobre el Estado de Guanajuato, encontró que no se cuenta con información actualizada al 2018, "nadie sabe cuántos feminicidios se cometieron" ese año, dijo, a pesar de que hay un "banco de datos" institucional que se supone debería tener información sobre muertes violentas de mujeres que, solo por esa causa, deberían ser investigados como feminicidios.

Sin embargo hasta ahora, ya en el tercer mes del 2019, no se tiene el dato de 2018 y, en su caso, solo hay documentación de Organismos de la Sociedad Civil, pero no documentaron fechas actuales, de tal modo que debió recurrir a los números de defunciones por homicidios, con datos de las actas de defunción para tener cifras, entre las cuales citó que en el año 2014 se registraron 69 muertes de mujeres de manera violenta, en el año 2015 subió a 107; en 2016 a 122 muertes y ya solo se dio el dato que, del 2014 al año 2019, "subió en un 90 por ciento" este fenómeno, pero sin datos concretos.

Invitó la conferencista a reflexionar sobre la importancia de la prevención, en el entorno como un lugar donde ocurre violencia; sobre el derecho de ser educados en un ambiente libre de violencia, por ejemplo, en una Universidad y en generar un cambio cultural.

Se debe subir el nivel de exigibilidad, dijo, para como ciudadanas obligar a los cambios y las prevenciones para no terminar asesinadas, ya que el Estado de Guanajuato se ha destacado en estos casos y ha sido omiso en hacer mapas de riesgos, además de políticas preventivas eficaces.

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