La persona servidora pública debe cumplir y hacer cumplir las reglas, criterios y políticas institucionales en materia de control interno, sobre todo cuando genera, obtiene, utiliza y comunica la información suficiente, oportuna y confiable para la toma de decisiones que contribuyen a la mejora continua, detección y minimización de las áreas de riesgo que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.