Guanajuato, Gto., a 24 de noviembre de 2022.- Junto a destacado(a)s juristas mexicanos convocado(a)s por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, Rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), participó en las XXIII Jornadas sobre Justicia Penal "Orientaciones para una política criminal integral en el sistema mexicano".

La Dra. Rendón Huerta participó con el tema "Seguridad humana en el ámbito local", el cual, observó, pareciera un tanto diferente de lo que hasta entonces se había conversado en las Jornadas, pero consideró que el sistema penal mexicano no estaría completo si no se tiene la visión desde el ámbito local, pues vivimos en un país que tiene su base territorial en el municipio y en donde toda la población sin excepción, vivimos en un municipio. A la fecha, dijo, existen un total de dos mil 446 municipios más 16 alcaldías en la Ciudad de México

Antes de comenzar su disertación, la Dra. Rendón Huerta Barrera agradeció a las instituciones participantes en la organización de estas jornadas y, de manera particular al Dr. Sergio García Ramírez, al Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, a la Dra. Olga Islas de González Mariscal y al Dr. Eduardo Astraín Bañuelos.

Es un gusto, dijo, compartir la mesa 4 denominada "Paz y Seguridad" con distinguidos juristas y con la Mtra. Mariclaire Acosta Urquidi, quien desarrolló el tema "Justicia Transicional-México. Justicia penal en un contexto de violencia criminal: un estudio de caso".

En la misma, participó también la Dra. Susana Martínez Nava, de la UG con el tema "La ausencia de una cultura de la paz en México: presupuesto indispensable para la violencia"; el Dr. Dante Jaime Haro Reyes, de la UG con "Educación para la paz, retos y desafíos" y se tuvo como moderador al Mtro. Eduardo Rojas Valdez, de la Fundación para la Justicia de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta, expuso que en las dos últimas décadas, predomina un nuevo concepto de seguridad que se ha ido construyendo con la contribución de los organismos internacionales, los gobiernos, la comunidad académica, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones intergubernamentales, el cual pretende dirigir la atención hacia la supervivencia y la dignidad humana, como fundamentos del desarrollo, la paz y el progreso.

A efecto de cumplir con los imperativos en materia de derechos humanos, dijo, es preciso que los gobiernos locales evolucionen del concepto de seguridad pública al de seguridad humana, lo cual implica "la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención".

Como parte de la seguridad humana en el ámbito local, es preciso establecer mecanismos para: Asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, prohibir los atentados contra la dignidad de las personas, afectación visual del entorno urbano, apuestas, uso indebido del espacio público, prestación de servicios no autorizados, conductas vandálicas y otras que perturban la convivencia local.

Asimismo, proscribir la explotación de personas, así como el consumo abusivo de drogas y alcohol, mediante el cumplimiento de la obligación de llevar a cabo medidas preventivas; regular una serie de conductas que se califican de infracción administrativa y que tienen relación directa con el uso del espacio público.

Sostuvo que la seguridad humana es una expresión del Estado Constitucional de Derecho. "El respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana, prevé otro género de riesgos, ampliando el concepto de desarrollo humano más allá del simple crecimiento con equidad; fomenta los principios democráticos y el desarrollo, al propiciar que las personas participen en las estructuras de gobernanza y hacer que su voz sea escuchada", indicó.

En su opinión, la seguridad humana sólo es posible asentada en un desarrollo sustentable. Ello supone seguridad en diferentes niveles: contra riesgos y amenazas físicas, de ingresos, educativa, habitacional, sanitaria y ambiental.

Por ello, habrá de conducir a los municipios a soluciones integrales mediante acciones coordinadas entre el gobierno y la ciudadanía, advirtiendo que no puede quedar anclado a una visión ancestral basada en el régimen de "policía, justicia y cárcel", que hoy resulta del todo insuficiente.

La seguridad humana como política pública en el orden municipal, deberá orientarse a la implementación de estrategias estructuradas para cada necesidad, y de las cuales deriven programas que incluyan al sector oficial, comunitario y privado, afirmó, por lo cual se está frente a un gran reto: crear un modelo de seguridad basado en el paradigma de protección a los derechos humanos.

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